lunes, 15 de mayo de 2017

Buenaventura inicia cese indefinido

Este martes, Buenaventura amanece en paro cívico indefinido. Concentraciones en varios puntos de la ciudad, locales comerciales cerrados, plan tortuga en atención de empresas y transporte local y cierre de algunas vías por la movilización de protestas, es el panorama que no solo cesa actividades en la ciudad sino que implica expectativa por el 57% del comercio exterior de Colombia.

A pesar de que en las últimas semanas, más de 20 funcionarios del alto Gobierno se han desplazado hasta Buenaventura para tratar de convencer a los gestores del paro cívico y que  los gremios como la Cámara de Comercio y el Comité Intergremial de Buenaventura han llamado la atención sobre las pérdidas económicas que pudiese soportar el puerto, los organizadores y habitantes insisten en la medida como medio de conseguir la reinvindicación social.

El comité central de paro cívico de Buenaventura apoyado por 89 organizaciones de la sociedad civil, busca con el cese de actividades indefinidas que el gobierno Nacional declare el “estado de emergencia económica, social y ecológica, amparado en el artículo 215 de la Constitución”.

“Esta vez estamos soportados en los preocupantes indicadores que padecemos, sometidos a la marginalidad, al desconocimiento, a la inequidad y a la discriminación histórica; agravada con la presencia, en nuestro territorio, de los grupos armados, generando miles de víctimas de este conflicto”, explica uno de los dirigentes del comité, Narcilo Rosero.

El comité ha publicado que las cifras que no han cambiado son el desempleo del 62%, la pobreza del 91% en la zona rural, del 64% en la urbana y la multidimensional del 66%. A esto le suman que el empleo informal llega al 90,3% en una comunidad con 407.539 habitantes, 162.512 víctimas del conflicto armado.

Entre tanto, los emisarios del gobierno Nacional, la gobernadora del Valle del Cauca y el alcalde de Buenaventura defienden que las obras que están en marcha con dineros del Estado y de Regalías, en poco tiempo, empezarán a cambiar los indicadores en salud, agua potable, acceso a la educación y seguridad.

Para finales de este mes se prevee la entrega de la renovación del parque Néstor Urbano Tenorio con una inversión de 27 mil millones, con un atraso de más de tres meses y que es considerado la primera fase del proyecto Malecón Bahía de la Cruz, la obra más importante de renovación urbana.

En junio, julio y septiembre han indicado se entregarán la primera etapa del megacolegio que atenderá 2.800 alumnos, las plantas de tratamiento de agua potable que evitarán que las suspensiones del servicio no sean tan constantes y 14 nuevas cámaras de seguridad para afianzar la disminución en homicidios, tendencia que sigue a la baja. Dentro de este periodo también se entregará la primera etapa del hospital distrital con siete especializaciones según lo manifestado por la gobernación del Valle.

“La buena noticia es que en septiembre por fin después de una larga espera, de muchas dificultades, vamos a reabrir el hospital. Un hospital público de segundo nivel, que no es lo que queremos, pero es un paso importante para remediar un problema en la prestación de servicios de salud en el Distrito de Buenaventura”, dijo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

Entre tanto, el comité alimenta más cifras el déficit de vivienda es del 54%, las necesidades básicas insatisfechas de personas pobres es de 36%, “tres veces mayor que el de la ciudad de Cali. Hay cero oferta pública en salud de mediana y alta complejidad, un gran porcentaje de las cuencas hidrográficas están contaminadas con mercurio u otros metales por minería y otras actividades, hay programados desalojos territoriales y hay control de la vida comunitaria en el territorio por actores armados ilegales”, agregan en comunicado conjunto a la opinión pública.

De igual manera, advierten que durante la realización del paro van a garantizar la movibilidad de las autoridades, medios de comunicación, empresas de servicios públicos, organismos humanitarios y personal de emergencias “con el propósito de afectar lo menos posible a la población de Buenaventura, teniendo en cuenta que, el paro no es contra sus habitantes si no para el beneficio colectivo del mismo”, concluyen en el boletín.

"Hemos escuchado al Estado desde hace más de tres años sin que cumpla decididamente con las soluciones de fondo en materia social de los bonaverenses", dijo Víctor Vidal, ex concejal y directivo del Comité del Paro Cívico de Buenaventura.

*Cese marítimo*

Con el cese de actividades en la vía marítima y fluvial serán cerca de 400 mil a mil millones de pesos los que se dejarán e movilizar para el comercio en el Litoral Pacífico, según lo expresó Javier Torres, presidente de la Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales del Pacífico.

La asociación reúne al 90% de las embarcaciones que desde Buenaventura trasladan  pasajeros, carga y combustible por todo el Litoral y que han denunciado el robo de sus mercancías y equipos de navegación en alta mar.

Ante esto, la capitanía de Puerto dijo que las medidas de las unidades de guardacostas y de infantería de marina se han unido a las recomendaciones que se han hecho a los armadores y capitanes para minimizar el riesgo de asaltos y piratería.

“Buscamos evitar que se sigan produciendo estas acciones en el Litoral y lograr la captura y judicialización de estos delincuentes quienes vienen afectando la normalidad en el mar”, agregó el capitán de fragata Andrés Mauricio Zambrano.  

En los últimos 10 días, dicen algunos armadores, hemos sufrido cuatro atracos en altamar y en cercanías de Pizarro, Timbiquí y Litoral del San Juan, en los que se han perdido equipos de comunicación y navegación que los asaltantes tiran al agua.

"Desde hace varios años escuchamos que se va a atender la situación y nada se hace. Estamos llenos de denuncias ante las autoridades y llenos de promesas no cumplidas", agregó el presidente de la asociación.



domingo, 7 de mayo de 2017

El Pacífico pide más que atención

El anuncio de un paro cívico en Buenaventura, Valle del Cauca para el próximo 16 de mayo y los actos de violencia sucedidos en el Chocó, no solo son actos que llaman la atención  sino que requieren procesos profundos.

El paro de los bonaverenses se basa en los pocos resultados sociales que ha tenido la intervención del gobierno Nacional y las falencias de la administración local en gestión y soluciones.

El Chocó, uno de los departamento que le dijo SI al plebiscito por la paz, está sumido por estos días nuevamente en medio del secuestro, grupos armados, minería ilegal y desplazamiento.

jueves, 4 de mayo de 2017

Celebremos que a los periodistas nos callan la jeta - La Pulla

*Cerca de 56.300 colados en el Valle han sido reubicados en la fila del Sisbén*

En el total nacional, de septiembre de 2015 a febrero de 2017 se depuraron 370.000 registros. Aún están pendientes 282.575 casos.

• Director del DNP, Simón Gaviria Muñoz, reveló que en algunos municipios del país la depuración fue del 100%.

*(@DNP_Colombia)*

– En menos de 18 meses, los municipios del Valle del Cauca avanzaron en la depuración de 56.292 registros del Sisbén que presentaban inconsistencias.

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz, precisó que de 71.268 registros con inconsistencias por verificar a septiembre de 2015 se bajó a 14.976 casos en febrero de este año. Es decir, una reducción del 79 por ciento, superior al promedio nacional del 57%.

Actualmente, en el departamento del Valle está validado el registro de 3´116.744 personas frente a los 3´050.605 que había en septiembre de 2015.

“Se trata de una depuración importante de los registros del Sisbén que adelanta el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en todo el país con el propósito de que los colombianos más pobres sean los verdaderos beneficiados de las ayudas o subsidios que otorga el Estado para generar mayor justicia social”, estimó Gaviria Muñoz. 

*El total nacional*

De acuerdo con las cifras más recientes de todo el país, entre septiembre de 2015 y febrero de 2017, la tarea de depuración de la base de datos del Sisbén permitió reubicar a más de 370.000 personas en la fila del sistema, que podrían estar recibiendo subsidios de los programas sociales del Gobierno sin tener derecho a ellos.

Alrededor de 20 programas del Estado usan el Sisbén para otorgar ayudas a los colombianos más pobres y entre ellos están Más Familias en Acción, Ser pilo paga, Adulto Mayor, Primera Infancia, entre otros.

“De los 653.143 registros irregulares que había en septiembre de 2015 se pasó a 282.575 en febrero de 2017, lo que representa una reducción cercana al 60 por ciento de casos anómalos”, precisó el director del DNP, Simón Gaviria Muñoz.

“Son varias las maneras que usan las personas que quieren saltarse la fila del Sisbén para recibir ayudas de manera irregular y sin que tengan derecho a ellas. Muchos ciudadanos mienten sobre temas como su nivel de educación, el acceso a una vivienda o sus ingresos”, señaló el Director del DNP.

"Este es el resultado de un trabajo arduo que comenzamos en el DNP desde septiembre del 2015 cuando decidimos depurar a fondo la base del Sisbén para que aquellos ya fallecidos o personas con buenos ingresos y puntajes bajos no se cuelen en la fila de los beneficiarios de los programas sociales. En otras palabras, que no les quiten el espacio a personas humildes que verdaderamente lo necesitan", precisó Gaviria Muñoz.

En el caso de ciudades capitales, la tarea de las Alcaldías -que son las encargadas de verificar la información de los ciudadanos- permitió que en Bogotá se depuraran 39.259 casos, mientras que en Cali la cifra ascendió a 22.418 personas y en Cúcuta a 12.863. En Ibagué y Cartagena se depuraron algo más de 7.000 casos en cada una.

Hay municipios que hacen la tarea, pero otros no cumplen
Simón Gaviria Muñoz destacó la tarea adelantada por varios municipios en la depuración de los registros del Sisbén, pero también llamó la atención a otros para que hagan mayores esfuerzos en esa tarea.

Poblaciones como Chimá (Córdoba), Cerrito (Valle del Cauca), Santa Elena del Opón (Santander), Rondón, Pajarito y San Eduardo (Boyacá), alcanzaron la depuración total de los casos sospechosos y, a la fecha, puede decirse que allí no hay colados en el Sisbén.

Muy cerca del 100% de depuración (99%), a febrero de este año, se ubicaron los municipios de La Vega (Cundinamarca), Puerto Lleras (Meta), Capitanejo (Santander) y Versalles (Valle del Cauca).

“Hay municipios que están haciendo una tarea importante y su esfuerzo se refleja en una mayor equidad social para sus habitantes. Eso demuestra que sí es posible trabajar para que los recursos del Estado se manejen con transparencia”, dijo el Director del DNP.

La otra cara de la moneda la conforman municipios en los que el número de colados creció de manera sustancial y por eso es necesario que exista un mayor compromiso de las Alcaldías para depurar el Sisbén.

Es el caso de Soledad (Atlántico) en donde el número de colados creció de 7.455 en septiembre de 2015 a 9.529 en febrero de 2017. Medellín pasó de 12.090 a 13.834 y Fundación (Magdalena) de 2.150 a 3.014, entre otros.

También hay poblaciones en las que los casos de colados se dispararon por encima del 200 por ciento. Ejemplo de esto es Alvarado (Tolima) en donde el número de casos irregulares pasó de 50 a 203 registros, con alza de 306%; La Merced (Caldas) subió de 9 a 36 (300%); San Andrés (Santander) de 25 a 84 (236%) y Santa María (Boyacá) de 69 a 209 (203%).

Al recordar que en el Sisbén hay registrados 36 millones de colombianos, Simón Gaviria Muñoz precisó que dentro de los casos inconsistentes hay 97.619 ciudadanos que ganan más de 3,8 millones de pesos al mes; otros ganan cinco millones y, algunos, hasta 10 millones de pesos, pero tienen puntales bajos del Sisbén.

Teniendo en cuenta esta realidad, actualmente se viene trabajando en la implementación del Sisbén IV que incluye nuevos sistemas de control para detectar a los colados.

Hoy solo se puede cruzar información de dos bases de datos, pero con el nuevo esquema se utilizarán 24 bases. Así será más fácil detectar a quienes den información falsa sobre su situación económica y social.
“Podremos detectar las inconsistencias de personas que tienen ingresos altos, pero puntajes bajos para obtener ayudas del Gobierno y, a la vez, permitir que ciudadanos humildes que tienen injustamente puntajes altos puedan accedan a esos subsidios”, advirtió el Director del DNP.